“No hay una situación de caos, ni muchísimo menos […] les pido tiempo, no va a tardar mucho en resolverse”.
Esto me respondía el Ministro del Interior en enero cuando le planteé que en el horizonte se dibujaba una huelga de examinadores de tráfico, otra como la que en 2015 se desconvocó dando el Gobierno su palabra en un acuerdo firmado. Y como habían anunciado, llegó y motivó que esta semana compareciese de urgencia el Director General de Tráfico reconociendo estar preocupado para dar como soluciones la incorporación de personal laboral de las fuerzas armadas a un cuerpo de funcionarios o decretar servicios mínimos, pese a que en este caso tendría el reto de justificar que se trata de servicios esenciales.
Entre las propuestas del Director de la DGT, la fundamental es un plan de contratación con vistas a diciembre de 2018, ni rastro de lo útil, lo que en 2015 el Gobierno había firmado y que ahora supondría la inmediata desconvocatoria de huelga: retribuir adecuadamente los puestos del servicio público de exámenes prestado por funcionarios, lo que supone un gasto mínimo, para que de este modo puedan cubrirse las plazas convocadas y jubilaciones producidas, plazas que si no se cubren es precisamente debido a la inadecuada retribución del puesto. Esta reivindicación se apoya en dos ideas sencillas: que el Gobierno cumpla lo que prometió y que no precarice la Administración.
Porque una huelga es cosa seria, tan seria como la Constitución que la ampara. Y conflictos como este suelen remontarse bien atrás. Este caso además conlleva numerosos agravios y señala directamente al Gobierno como incapaz de llegar a un acuerdo. O lo que es peor, capaz de sostener el desacuerdo si eso cree que le favorece. Insisto en que el compromiso estaba firmado y anunciado, por lo que su incumplimiento ha restado credibilidad al Gobierno y ha generado una enorme desconfianza entre los funcionarios examinadores.
La huelga está generando una dramática situación para las cerca de 9.000 autoescuelas del país, microempresas en su mayoría que hoy han de sumar despidos y cierres a los créditos bancarios ya contraídos, así como para el alumnado que espera examinarse, por ejemplo, para encontrar un empleo. Pero el problema no es la huelga, sino que aunque en el Congreso todos los grupos con la excepción del PP coincidimos en que lo justo e inteligente es que cumpla lo firmado, el Gobierno hace caso omiso a nuestra casi media docena de proposiciones en ese sentido.
Además de ello, el desgaste absoluto de credibilidad del Gobierno por el incumplimiento del acuerdo se acentúa por el hecho de que el Director General de Tráfico sostenga simultáneamente que “el problema no es presupuestario (ya que podría financiarse con el remanente propio de la DGT)” y que Montoro no lo autorice. Esto supone utilizar al Ministro de Hacienda como comodín para quitarse de encima la responsabilidad y pasarla a “otra ventanilla”, como si no fuese el mismo Gobierno.
Sinceramente, me resisto a creer que se trate de un Gobierno bicéfalo en el que rija aquello de que ‘la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda’. Me resisto también a la hipótesis de que se esté forzando un desgaste de la función pública para la privatización de estos servicios. Me resisto, finalmente, a pensar que el Gobierno esté paralizado por el miedo ante lo que ha sugerido en un plató de televisión que puede generar un ‘efecto llamada’ para el resto de funcionarios, es decir, que tenga miedo a los funcionarios. Pero si no entra en razón, sí que preveo que un conflicto generado por la inoperancia del Gobierno pueda ser de nuevo despachado con una ocurrencia vía Real Decreto-Ley, lo que lo agravaría.
El Partido Popular acudió a las últimas elecciones a la voz de ‘yo o el caos’. Si ahora escuchase a las autoescuelas, examinadores y alumnado afectado, le dirían que ya va siendo hora de que el Gobierno les saque del caos en el que les ha sumido.
Jorge Luis Bail
Portavoz en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos – ECP – EM
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